Desde el año 2011, diputados y senadores cuentan con el derecho a recibir una asignación mensual rotulada como “amortización por desgaste de vehículos”.
Este beneficio, incluido en el ítem gastos operacionales del ordenamiento de asignaciones, consiste en el pago de $ 193.000 para cada parlamentario que utilice su auto personal en su trabajo. El monto se provee para solventar el deterioro de los vehículos que mes a mes transportan a los legisladores y a sus equipos para el cumplimiento de sus actividades parlamentarias.
“Cuando se trate de vehículos de propiedad del senador o el diputado inscritos a su nombre en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, e informados previamente al Senado o la Cámara como vehículos destinados a apoyar la función parlamentaria, se podrán financiar con cargo a este ítem las mantenciones y reparaciones necesarias para garantizar sus condiciones de uso y seguridad”, parte diciendo respecto del uso de automóviles la última resolución del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias que en junio pasado actualizó la norma.
Y agrega: “Igualmente, podrá financiarse con cargo a este ítem la amortización por desgaste de un vehículo de propiedad del senador o diputado, debidamente inscrito ante su corporación como destinado a apoyar la función parlamentaria”.
En 2011, el monto era de $ 100 mil mensual, y hoy esa cifra asciende a $ 193 mil por cada congresista. Este monto es fijo, independiente de la cantidad de autos que posea el legislador. Porque los parlamentarios pueden inscribir más de un auto propio para uso en su labor parlamentaria.
Los parlamentarios registran usualmente más de un automóvil como vehículo de trabajo, pero es el Congreso el que asume los gastos de tags, peajes, mantenimientos y seguro automotriz.
La historia del pago
Luego de que en 2009 se desatara un escándalo por el mal uso de asignaciones parlamentarias en la Cámara -que incluyó una investigación en fiscalía-, el Congreso decidió elevar los controles en el uso de estos fondos estatales.
Hasta entonces, las corporaciones entregaban montos a libre disposición de los congresistas, lo que daba espacio para incurrir en eventuales usos irregulares de los recursos.
Según protagonistas de las discusiones que antecedieron a la creación de la nueva normativa -y también del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias- estaba justamente el uso de los automóviles personales.
Según testigos, un amplio número de legisladores instaron a que se considerara que sus automóviles acumulaban en promedio 80 mil kilómetros durante el año legislativo, entre los recorridos que realizaban en sus regiones en semanas distritales y en los traslados al Congreso, en Valparaíso.
Así, el requerimiento quedó plasmado en un informe que contenía todos los gastos en que los parlamentarios incurrían, y que fue elaborado especialmente para servir de base a las normas que el consejo sistematizó en las resoluciones 1 y 2 de ese año, y donde se plantea el criterio de uso de todas las asignaciones.
Antes de llegar al pago de “amortización por desgaste”, parlamentarios consultados por La Tercera recuerdan que se barajaron varias alternativas para solucionar esa demanda. Entre estas, se llegó a explorar la idea de que el Congreso comprara una flota de vehículos para que estuvieran a disposición de los parlamentarios. Se pensó en dos autos por legislador: uno para su uso en Valparaíso y otro para el trabajo en su región. El asunto fue tempranamente descartado en virtud del alto costo que ello significaba.
Otra idea fue contratar a una empresa de taxis que estuviera dispuesta a proveer choferes en forma permanente, lo que tampoco prosperó.
Hay quienes recuerdan que también se pensó en solventar autos vía leasing, pero se señaló que eso podía no ser bien visto por la opinión pública. Así, en virtud de un kilometraje promedio se llegó al pago por amortización que se mantiene hasta hoy.
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